Putumayo

Situación de salud actual de Putumayo y Nariño (con un énfasis en Ipiales, zona de frontera)

0
Municipios
0
Personas
0 %
Habitantes en zonas rurales

Régimen de salud de la población

0 %
Población Indígena
0 %
Población Afrodescendiente

Fuente: (DANE 09/10/2020

Necesidades percibidas en salud

Indicador para el 2020 Putumayo Nariño
Resultado Puesto a nivel nacional Resultado Puesto a nivel nacional
Tasa de Mortalidad IRA* por cada 100 mil Habitantes 0.5 9 0.61

26

Tasa de Mortalidad EDA** por cada 100 mil Habitantes 0.3 10 0.06 14
Tasa de Mortalidad por desnutrición por cada 100 mil Habitantes 9.2 7 3.99 13
Mortalidad en menores de 5 años por cada 100 mil Habitantes 14.2 16 9.87 26
Tasa de Mortalidad SIDA por cada 100 mil Habitantes 14.8 14 11.92 27
Tasa de Morbilidad por Malaria por cada 100 mil Habitantes 20.9 16 1.019,30 5
Tasa de Morbilidad por Sífilis por cada 100 mil Habitantes 4.1 13 1.84 5
Tasa de Morbilidad por Leishmania por cada 100 mil Habitantes 39.8 21 14.13 13
Tasa de Morbilidad por Tubercolosis por cada 100 mil Habitantes 20.3 8 5.90 33
Partos de madres entre 15 y 19 años 22.93% 16 20.48% 25
Partos de madres entre 10 y 14 años 1.44% 9 0.98% 21

*IRA: Infección Respiratoria Aguda
**EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

Fuente: Bodega de datos de SISPRO – MSPS (15/09/2021). Fecha de corte: 31/12/2021
Nota: el puesto a nivel nacional indica la posición del departamento respecto a todos los demás

Con respecto a las emergencias humanitarias identificadas en las entrevistas realizadas a los actores clave en Putumayo, se encontró que la mayoría de actores percibe como preocupantes los desplazamientos forzados (individuales y masivos) derivados del conflicto armado; las inundaciones recurrentes durante el año que aumentan el riesgo de avalanchas; los deslizamientos de tierra; el narcotráfico, que dificulta la movilidad de la población y afecta la seguridad; la falta de infraestructura que facilite el acceso a las zonas dispersas del departamento, limitando la capacidad de respuesta y abastecimiento de elementos básicos (como el agua) a población indígena principalmente; el riesgo de minas antipersona; hacinamiento de la población privada de la libertad; el aumento de asesinatos y crímenes a líderes sociales; y el alto flujo de población refugiada y migrante venezolana.

Actualmente el centro penitenciario de Mocoa es receptor de un alto número de personas remitidas por otros municipios del departamento. Esta dinámica ha desembocado en problemas de hacinamiento, sumado a esto, la avenida torrencial del 2017 afectó de forma importante la infraestructura del centro penitenciario, ambos factores contribuyen a crear condiciones de salubridad deficientes. Así entonces, los espacios diseñados inicialmente para albergar aproximadamente 15 personas ahora están ocupados por hasta 90 personas privadas de la libertad, entre ellas, alrededor de 10 personas extranjeras. Esta situación se ve intensificada por él des financiamiento estatal de este servicio, como lo refiere la institucionalidad local:

“(…) tenemos un problema de emergencia humanitaria… porque necesitamos que esas personas (privadas de la libertad) sean trasladadas de manera inmediata a unos pabellones… pero no hemos sido escuchados (…) a nosotros como secretaría de salud nos dicen que tenemos que garantizarles todo el servicio médico, odontológico y toda la prestación del servicio, una vez por semana. Nosotros por decreto tenemos dos funciones esenciales, el aseguramiento y la salud pública… no tenemos prestación del servicio y estamos inmersos en qué tenemos que garantizar una prestación de servicios y no tenemos cómo (…) nos están girando recursos como si tuviéramos 35 mil habitantes y nosotros ya superamos casi los 60 mil…”

Funcionario de institución local

Las instituciones se refirieron constantemente a las afectaciones en salud mental que presenta la población del departamento desde que se vivió la avenida torrencial del 2017, evento que dejó más de 350 muertes, entre población colombiana y población migrante que se encontraba de manera irregular y no pudo ser identificada en su momento. Adicionalmente, reportaron que la llegada de la pandemia por COVID-19 intensificó las afectaciones en la salud mental de la población.

“(…) toda la afectación psicológica (derivada de la avenida torrencial del 2017), la ansiedad, los homicidios y la violencia de género que se ha incrementado… todo fue centrado en la actividades de reparación física (reconstruir la ciudad) pero la reparación psicológica quedó a la espera, solo se dieron los primeros auxilios psicológicos… aquí seguimos siendo vulnerados cada que se presentan las lluvias, hay una ansiedad constante y no hay activación de mecanismos de afrontamiento… a la mayoría de la población mocoana nos quedó faltando esa reparación (…)”

Funcionario de institución local

El departamento de Putumayo, que cuenta con una población de más de 359 mil habitantes, tiene 13 municipios y 11 hospitales con nivel de complejidad dos o menor. Los actores clave refieren que la capacidad hospitalaria es mínima y que la mayoría de los servicios de urgencias son básicos, ya que no cuentan con servicios de tercer nivel o superior.

En el caso de Mocoa, la capital del departamento, se prestan servicios de primer y segundo nivel, aunque hay rutas preferenciales para adulto mayor, gestantes, personas con discapacidad y para lactantes, no hay un mantenimiento adecuado de los equipos, hay una oferta limitada de los servicios y no hay personal médico especializado. Además, las organizaciones refieren que si se necesita remitir un paciente de urgencias a tercer nivel, la infraestructura vial es deficiente y peligrosa, especialmente en temporadas de lluvias y olas invernales, donde no hay forma de trasladar a los pacientes.

“(…) el hospital de Mocoa solo tiene una sala de cirugía de maternas lo que genera riesgos para hacer acciones de impacto y estamos hablando del hospital de referencia a nivel departamental (…) tenemos escasez de oxígeno, se trajo el equipo, pero no tiene registro Invima, hay forma de generar oxígeno, pero no hay el permiso”

Profesional humanitario

En el caso del hospital Pio XII de Colón en el alto Putumayo, se evidencia por parte de las organizaciones mayor facilidad para atender a pacientes en estado crítico y que requieran ser remitidos del segundo nivel hacia un tercer nivel, por ejemplo, al Hospital Departamental de Pasto, que además, es el único hospital psiquiátrico que hay en el departamento. Aun así, aunque el hospital Colón cuente con una mejor infraestructura física para atender a las personas que llegan a un servicio de urgencia, hay situaciones críticas porque no hay disponibilidad de equipos:

“(…) en radiología tienen un equipo de punta, mejor que el del hospital departamental de Nariño, pero ese equipo por ser de tan alto nivel tecnológico, requiere de unas licencias que se deben actualizar anualmente, la licencia del hospital del alto putumayo se venció hace 6 meses, y el equipo está ahí (…) Cuando entras a las cirugías la lámpara que deben usar los cirujanos solo funcionan dos bombillos… a los cirujanos les toca iluminar con sus celulares (…) El equipo instrumental quirúrgico tiene más de 10 años… es un equipo que no vale más de un millón de pesos (…)”

profesional humanitario

Las organizaciones también evidencian que los demás hospitales del departamento no tienen infraestructura adecuada, no hay facilidades para el acceso de personas que viven en zonas rurales ya que, en algunos casos, como en el municipio de Puerto Guzmán, deben hacerlo por vía fluvial y no cuenta con ambulancia fluvial. Otros hospitales públicos, como el hospital de Puerto Asís del bajo Putumayo, aunque cuentan con una buena infraestructura, es el único que tiene planta generadora y tiene insumos para la atención, presentan numerosas barreras para la atención de personas refugiadas y migrantes no aseguradas, no son recibidos ni siquiera para las urgencias. El hospital fronterizo La Dorada, que se encuentra en la frontera con Ecuador tiene muy pocas condiciones operativas, es de primer nivel y tiene una alta dependencia con el vecino país.

 

En términos generales, se puede afirmar que los hospitales no cuentan con los recursos necesarios para la prestación de una atención integral, especialmente en lo relacionado con servicios de urgencias. Según los actores clave entrevistados, esta situación se debe principalmente al recurrente déficit financiero que no permite a los hospitales fortalecer la respuesta en salud.

 

En el caso de la población indígena, los actores clave entrevistados indicaron que sienten desconfianza y rechazo hacia la medicina occidental, por lo que ante una urgencia, esta población primero acude a la medicina tradicional antes de ir a un hospital público de referencia  a menos que sea un caso muy grave. Desde la institucionalidad se han realizado varios esfuerzos que buscan integrar perspectivas de la medicina tradicional, en la práctica de la medicina occidental para superar estas barreras:

“(…) nosotros lo que hemos hecho es tratar de que ellos nos acepten como institución porque hay un rechazo grande que tenemos como institucionalidad… (…) hemos tratado de adaptar sus pensamientos a la parte occidental”

Funcionaria de institución local

La afiliación al Sistema de Salud colombiano, permite que las personas puedan acceder a diferentes programas y atenciones que se ofrecen en el hospital público de Mocoa. Desde la secretaría de salud se realiza el seguimiento al hospital para verificar la entrega de medicamentos, suministros y la oportunidad del servicio.

En el caso de Mocoa, la capital del departamento, se prestan servicios de primer y segundo nivel, aunque hay rutas preferenciales para adulto mayor, gestantes, personas con discapacidad y para lactantes, no hay un mantenimiento adecuado de los equipos, hay una oferta limitada de los servicios y no hay personal médico especializado. Además, las organizaciones refieren que si se necesita remitir un paciente de urgencias a tercer nivel, la infraestructura vial es deficiente y peligrosa, especialmente en temporadas de lluvias y olas invernales, donde no hay forma de trasladar a los pacientes.

“(…) El hospital público tiene un “club de los hipertensos y diabéticos” y en ese club se hace todo el seguimiento, el monitoreo y el control a la población que está registrada en el municipio y que está identificada con una enfermedad crónica no transmisible… desde la secretaría de salud se les hace el control al hospital en cuanto a la entrega de medicamentos, suministros, la oportunidad del servicio”

Funcionario de institución local

Para el caso de enfermedades renales, el acceso a servicios especializados es nulo, especialmente en caso de necesitar unidades renales (diálisis), porque el departamento no cuenta con ellas:

“(…) durante la etapa álgida de covid, el 50% de los fallecidos por Covid eran por falla renal, no se les pudo hacer una hemodiálisis que les pudo haber salvado la vida…”

Profesional humanitario

Los actores clave entrevistados expresan preocupación por la falta de educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos en el departamento, así como por los tabúes existentes, especialmente en las comunidades indígenas y la población rural. Esto genera retos para la comunicación y prevención en salud, así como elevadas tasas de natalidad en adolescentes y una incidencia considerable de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Por otra parte, la presencia de Grupos Generadores de Violencia (GGV) provoca una alta incidencia de Violencias Basadas en Género (VBG), especialmente de delitos sexuales, trata de personas y sexo por supervivencia. Lo cual se encuentra normalizado e invisibilizado en el territorio.

En consecuencia, hay deficiencias en la activación de las rutas de atención ante delitos sexuales, y existe una revictimización de las personas afectadas, debido a que los exámenes médicos son realizados por pasantes y personal rural masculino, cuya experiencia y sensibilidad es percibida como insuficiente por las organizaciones entrevistadas. Así mismo, no se están entregando los Kit de Profilaxis Posterior a la Exposición (Kit PEP), por lo cual las víctimas deben realizar un recorrido por las IPS para adquirirlo, reviviendo el trauma psicológico. Una situación similar ocurre con los medicamentos retrovirales, cuya disponibilidad es limitada en las farmacias.

Los actores clave entrevistados perciben que esta dinámica genera un estrés adicional debido a que las personas con ITS y VIH positivo corren el riesgo de ser atacadas por los GGV.

Adicionalmente, las organizaciones consultadas advierten que no hay un acceso suficiente a Servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), dada las deficiencias de personal especializado. También se percibe que algunos médicos objetan conciencia y sus creencias personales y religiosas los llevan a juzgar y generar culpa en las mujeres que requieren esta atención, constituyéndose así una fuente adicional de revictimización en los casos de delito sexual.

Hay una preocupación recurrente por parte de las instituciones sobre el insuficiente  suministro de condones e implantes subdérmicos a la población y en el caso de este último, no se realizan los controles necesarios para asegurar su efectividad. Una situación similar ocurre con los controles prenatales, las citologías y los tamizajes realizados a las madres gestantes, especialmente a las indígenas.

Mortalidad materna tardía por cada 1.000 nacidos vivos

*Acumulado hasta la semana 48. Aproximadamente al 4 de diciembre. 

Fuente: Instituto Nacional de Salud 9/12/2021. 

Mortalidad perinatal y neonatal tardía por cada 1.000 nacidos vivos

*Acumulado hasta la semana 48. Aproximadamente el 4 de diciembre.

Fuente: Instituto Nacional de Salud, 9/12/2021

El Putumayo es un departamento de múltiple y reiterada afectación por el conflicto armado, los desastres naturales y el deterioro de la situación económica. Todas estas situaciones ponen en constante riesgo la salud mental de la población del departamento, los actores clave entrevistados indicaron que la población sigue estando muy afectada desde los sucesos ocurridos en el año 2017 por la avalancha en Mocoa, además, indicaron que la pandemia agudizó esta situación.

Este escenario de revictimización constante afecta la salud mental y psicoemocional de la población y genera cuadros frecuentes de depresión, angustia y frustración que se acentúan durante las temporadas de lluvia y ante el deterioro de los medios de vida y los mecanismos de afrontamiento. Según la Secretaría de Salud de Mocoa, por estas razones se han elevado las tasas de intentos de suicidio, alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas.

Según la Secretaría de Salud de Mocoa, no hubo una reparación emocional tras el desastre de 2017 y la revictimización por el conflicto armado, destacándose que el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) fue insuficiente y se enfocó principalmente en las víctimas de la vereda afectada sin realizar un mayor acompañamiento a la ciudadanía del municipio.

Adicionalmente, los actores clave entrevistados indicaron que las víctimas de delitos sexuales y Violencias Basadas en Género (VBG) se enfrentan a escenarios de revictimización por las deficiencias en la activación de las rutas de atención, la falta de profesionalismo y sensibilidad del personal sanitario, la baja disponibilidad de Kits PEP y retrovirales y por los ataques de los Grupos Generadores de Violencia (GGV) a las personas con ITS y VIH+.

Desde las instituciones desconocen el grado de afectación emocional de la población indígena ya que esta población atiende los casos de salud mental a través de su medicina tradicional, utilizando Yagé y ceremonias de armonización.

Tendencia de los casos de suicidio por sexo

Prevalencia del consumo perjudicial de alcohol en 2019

Fuente: ODC, 31/12/2019.

10.890

Personas en condición de discapacidad

5.179 | 4.515

Hombres | Mujeres

473 | 723

Niños | Niñas

Las autoridades entrevistadas destacan 5 problemáticas en salud: la elevada proporción de población en situación de discapacidad como consecuencia del conflicto armado, la reiterada afectación de la salud mental, la desnutrición, las enfermedades transmitidas por vectores y los accidentes de tránsito con personas sin seguro SOAT.

Adicionalmente, resaltan tres grupos poblacionales que carecen de atención en salud, tales como habitantes de calle procedentes de otros departamentos, refugiados y migrantes provenientes de Venezuela y las Víctimas del Conflicto Armado en las zonas rurales y distantes de las cabeceras municipales.

Barreras y retos para la provisión de servicios en salud

Barreras de acceso y dificultades logísticas para proveer servicios

Barreras geográficas

El Putumayo es un departamento amazónico con 24.885 km2, una extensión similar a El Salvador y Haití, pero con una densidad poblacional de 14 personas por km2. La altitud promedio se ubica en los 254 msnm con máximos de 3.800 msnm, esto genera una amplia variabilidad climática entre los territorios y una importante riqueza hídrica.

Sin embargo, estos aspectos generan retos logísticos para la provisión de servicios de salud, debido a que la población se encuentra muy dispersa y acceder es muy costoso debido a las barreras geográficas, las distancias y la carencia de infraestructura vial. Estas condiciones han sido aprovechadas por los Grupos Generadores de Violencia (GGV) para establecer cultivos de uso ilícito y ejercer control territorial sobre las zonas y poblaciones más distantes de las cabeceras municipales.

La vía que conecta a Mocoa (Putumayo) con Pasto (Nariño) es conocida como el Trampolín de la Muerte, debido a que es una carretera sin señalización ni iluminación que cuenta con 80 km de largo y 3 metros de ancho (Largos trayectos son de un solo carril), a una altitud variable entre los 600 y 2.500 msnm con precipicios de hasta 300 metros de altura.

 

Cabe destacar que la vía se encuentra constantemente expuesta a deslizamientos y bloqueos y  las instituciones indicaron que son habituales los accidentes de tránsito y la muerte de los pacientes remitidos hacia Pasto debido a los cambios de altitud y las más de 5 horas de trayecto. En 2019, el 22% de las hospitalizaciones de habitantes del Putumayo se realizaron en Nariño.

Por otra parte, la vía que conecta a Mocoa (Putumayo) con Neiva (Huila) también se encuentra constantemente expuesta a deslizamientos. Por lo cual el Putumayo queda incomunicado frecuentemente durante las temporadas de lluvia y no se cuenta con aero-ambulancias para trasladar y remitir las urgencias médicas.

distancias ips públicas en nariño y putumayo

Barreras económicas

Los servicios de salud en Putumayo se encuentran centralizados en cuatro nodos. En el Alto Putumayo se encuentra el Hospital Pío XIII (Nivel 2) en Colón y puestos de salud en todos los municipios. En Mocoa se encuentra el Hospital José María Hernández (Nivel 2) donde llegan pacientes remitidos de Villagarzón, Guzmán y el Bajo Putumayo. En esta última región se encuentran dos nodos, por una parte, el Hospital Fronterizo y el Sagrado Corazón atienden en nivel uno y el último nodo se encuentra en Puerto Leguízamo donde existen un hospital y una clínica con algunos servicios de nivel 3 (unidad renal y próximamente unidad coronaria). Sin embargo, en el departamento no se encuentran disponibles todos los servicios de tercer (3.er) nivel en salud, por lo cual los pacientes de alta complejidad deben ser remitidos fuera del departamento. Para el 2019, el 22% de las remisiones de habitantes del Putumayo se realizaron a Nariño.

Esta situación genera costos de traslado y separación familiar, así como una exposición de los pacientes y el personal sanitario a accidentes en el denominado Trampolín de la Muerte. Este riesgo fue particularmente destacado por las autoridades entrevistadas dado que el 8 de octubre de 2021, un mes antes de la visita de iMMAP al territorio, una ambulancia cayó al abismo en dicha vía, resultando muertos un auxiliar de enfermería, un médico y el conductor de esta.

Según la Secretaría de Salud de Mocoa, la red de salud del Putumayo se encuentra endeudada y hay barreras financieras para atender a personas no afiliadas al Plan Obligatorio en Salud (POS) debido a que la Administradora de ​los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) ha incurrido en el impago de los servicios prestados. Por otra parte, los actores locales resaltan que para los últimos meses del año ya cuentan con un presupuesto agotado debido a que estos son insuficientes para la demanda, destacándose que no se han recibido recursos adicionales suficientes para atender a la población refugiada y migrante procedente de Venezuela así como al elevado número de víctimas del conflicto.

En cuanto a la dotación de la red hospitalaria, las organizaciones entrevistadas resaltan que la IPS de Colón carece de licencias para manejar los últimos equipos médicos de radiografía y en el departamento hay dificultades con las licencias del INVIMA para la producción de oxígeno. También perciben que los elementos para realizar cirugías cuentan con más de una década de uso y que existe una carencia generalizada de insumos, equipos biomédicos y personal especializado. A esto se suma las deficiencias en la infraestructura pues la cantidad de salas de cirugía y parto serían insuficientes para el departamento.

Preocupa que no hay disponibilidad de aero-ambulancia, ni suficientes ambulancias terrestres y fluviales, por lo cual las brigadas extramurales no alcanzan a cubrir las necesidades de la población.

Barreras organizacionales

Los actores clave entrevistados resaltan que existe una burocracia excesiva para acceder a medicamentos y certificados de discapacidad, así como una deficiencia en la carnetización de la población. Aspectos que dificultan la atención en salud, así como la interposición de tutelas y las remisiones hacia otros departamentos del país.

 

La carencia de especialistas, las dificultades para acceder a medicamentos y los tiempos para la asignación de citas médicas y remisiones han provocado una proliferación de tutelas según lo indicado por las instituciones consultadas. Sin embargo, dada la insuficiencia de recursos las IPS han entrado en desacato. Por otra parte, los actores clave entrevistados indicaron que el desconocimiento sobre los marcos normativos para atender a refugiados y migrantes procedentes de Venezuela y países no sudamericanos provoca que las IPS nieguen los servicios no relacionados a urgencias y que se posponga la atención hasta cuando es estrictamente necesario o está en peligro la vida de los pacientes.

 

Las organizaciones consultadas perciben que cuando la población logra acceder a los servicios de salud y son dados de alta, no se realiza un seguimiento adecuado de los casos ni se asegura la dotación y acceso oportuno a los medicamentos formulados a los pacientes, por lo cual se interponen nuevas tutelas que saturan una red hospitalaria deficiente.

 

También las organizaciones perciben que existen prejuicios sobre la población indígena y su cosmovisión, por lo cual no era usual que se planteen atenciones especializadas para estas. Una funcionaria pública referenció el caso de un urólogo que fue a hacer una brigada de salud en un resguardo de la comunidad Inga y destaca que el personal médico se sorprendió por la disposición de los hombres indígenas a obtener este tipo de servicios, por lo cual se evidencian necesidades invisibilizadas y demandas insatisfechas por desconocimiento de las comunidades y prejuicios del personal sanitario.

 

Los actores locales también resaltan que las estadísticas son parciales y se mantienen necesidades invisibilizadas, a la vez que no se cuenta con un estudio detallado de las particularidades y necesidades diferenciales de los municipios, las comunidades rurales y étnicas, lo cual dificulta la elaboración de planes de acción y la toma de decisiones.

Retos en comunicación

Según las organizaciones entrevistadas, el sistema de salud departamental no contaba con una estrategia diferencial sólida para la atención en salud para las comunidades indígenas, a raíz de esto se interpuso la tutela 0159 por lo cual se inició un programa mediante el cual se contrataron 2 enlaces indígenas y 15 facilitadores comunitarios, uno por cada comunidad. Por consiguiente, se han realizado avances en el diálogo intercultural entre la medicina oficial y la medicina tradicional indígena. Sin embargo, desde la Secretaría Departamental de Salud se identifica que persiste un gran arraigo hacia esta última y una desconfianza generalizada en la medicina oficial, sustentada en el temor de la separación familiar cuando se realizan remisiones a otros departamentos.

La institución también destaca que hasta noviembre de 2021 se había iniciado la planificación y ejecución de un modelo de salud indígena multicultural en 5 comunidades indígenas donde se adaptan los procedimientos establecidos en a la cosmovisión y la cultura de estas.

Desde la Secretaría Departamental de Salud se identifica que persiste la desconfianza entre parteras, sabedores y médicos tradicionales a la hora de compartir estadísticas y reportes de atenciones en salud. No obstante, las estrategias de promoción y prevención donde participan en igualdad de condiciones el personal sanitario y las autoridades indígenas han servido para establecer canales de diálogo. No obstante, dado que el liderazgo indígena se renueva cada año existen retos para mantener los avances alcanzados en el proceso de construcción de confianza.

Cabe resaltar que la participación de los enlaces étnicos de la Secretaría Departamental de Salud y los/las facilitadoras han favorecido la superación de ciertos retos de comunicación como el uso de lenguas indígenas y la reticencia que tienen los mayores para compartir información.

Retos en salud relacionados con el acceso a servicios

Según las organizaciones consultadas, no hay una ruta de atención para la población extranjera víctima del conflicto armado desde la UARIV y la oferta disponible de la cooperación internacional es insuficiente. También existe una preocupación por la Población Privada de la Libertad, la cual se encuentra hacinada en instalaciones temporales, donde se incrementa el riesgo de brotes de enfermedades transmisibles como IRA y EDA.

La institucionalidad también indica que las víctimas de desplazamiento forzado enfrentan barreras para acceder a servicios de salud no relacionados a urgencias debido a que el traslado de entre una EPS y otra se demora entre 10 y 15 días hábiles. Así mismo, las víctimas de accidentes de tránsito sin seguro SOAT enfrentan barreras para ser atendidas debido a la incertidumbre sobre el financiamiento de su atención.

Las organizaciones también destacan que la disponibilidad de agua potable es escasa y que las comunidades se enfrentan a un suministro irregular. Esta situación provoca que se almacene agua de forma inadecuada lo cual genera criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades como el Dengue.

Retos para la articulación multisectorial

Desde el Equipo Local de Coordinación del departamento de Putumayo, indicaron que si bien,  son pocas las organizaciones que están en el territorio, ante una emergencia o necesidad en salud, entre ellas logran articularse para responder. Resaltan que se han presentado situaciones en las que las organizaciones, además de su especialidad, se han visto en la obligación de desarrollar otros componentes para apoyar la necesidad. Esto ha permitido dar una respuesta integral a la población. También, resaltan la articulación que se ha dado con la institucionalidad del departamento:

“(...) Tenemos una relación con personería, si hay una madre gestante con una condición crónica que no la van a atender aquí en Mocoa, se puede trasladar hacia Pasto, y le damos una asistencia económica acompañada de una atención jurídica… Las disposición de las organizaciones genera que las instituciones quieran articularse con nosotros”

Profesional humanitario

Estrategias, programas o acciones exitosas en salud

Entre los programas, estrategias o acciones puntuales exitosas en salud, que  fueron resaltadas por las instituciones en el departamento estuvieron:

  • El plan de vacunación para Covid-19
  • El programa verás verás enfocado en salud visual
  • El inicio del diseño de un programa enfocado en la construcción de una ESE para atención especializada para los pueblos indígenas, similar a lo que se realiza con éxito en Silvia Cauca.

“(...) se han realizado visitas a Silvia (Cauca) con 5 gerentes de hospitales que están interesados en hacer atención diferencial… hay modelo de salud indígena en un hospital que se llama Mama Dominga, es una ESE que se llama Sierra Morena y es atención específica para los pueblos indígenas, tienen medicamentos, laboratorio para preparar medicamentos de plantas, un lugar para hacer atención de parto con sus conocimientos y todo eso lo paga la EPS… es un modelo que se quiere implementar en Putumayo… (...) Puerto leguízamo en la parte rural ya está en el diseño para ajustarlo a las poblaciones indígenas”

Funcionaria de institución local

Entre las estrategias o acciones que se destacaron desde la cooperación fueron:

  • Presencia esporádica de algunos especialistas en una clínica privada en Puerto Asís, donde se permitía asistencia a la comunidad de acogida
  • Brigadas médicas para población no asegurada, que han permitido acceso a programas y servicios de crecimiento y desarrollo, medicina general, servicios de salud sexual y reproductiva y controles a gestantes

Necesidades en asistencia técnica

¿Qué se necesita desde nivel nacional para superar las dificultades del territorio?

Necesidades de asistencia técnica en el sistema de salud

  • Apoyo para analizar las necesidades particulares del departamento y entender la territorialidad de este.
  • Asistencia para gestionar las licencias de software para manejar los equipos biomédicos de reciente adquisición.
  • Acompañamiento para visibilizar las necesidades y coordinar las atenciones en salud dentro del departamento y las remisiones hacia Pasto y el Huila.
  • Apoyo para elaborar análisis más allá de las cifras, ya que estas son parciales debido a las barreras de acceso al sistema y de obtención de la información.
  • Apoyo para la realización de búsquedas activas de casos de interés en salud pública y brigadas de atención extramural.
  • Asistencia técnica y transferencia de capacidades
  • Apoyo con recursos y medios logísticos para realizar capacitaciones y encuentros con las comunidades indígenas.
  • Apoyo para el fortalecimiento e incremento del número de los auxiliares indígenas dado que una persona por comunidad es insuficiente.

Necesidades de asistencia técnica de las organizaciones de cooperación internacional

  • Apoyo para analizar las necesidades particulares del departamento y entender la territorialidad de este.
  • Presencia de la Organización Panamericana de la Salud y el acompañamiento del Clúster de Salud, dado que la mayoría de las organizaciones del Equipo Local de Coordinación no son expertas en salud.
  • Apoyo para elaborar análisis más allá de las cifras, ya que estas son parciales debido a las barreras de acceso al sistema y de obtención de la información.

Capacitaciones o habilidades que se deben fortalecer en los equipos de las organizaciones o en la institucionalidad

  • Ruta de atención a víctimas de VBG y Delito Sexual
  • Marco normativo para la atención en salud a refugiados y migrantes
  • Utilización de Sistemas de Información Geográfica (SIG)
  • Capacitaciones y apoyo para la elaboración del Plan Decenal de Salud con enfoque diferencial
  • Utilización de sistemas de información
  • Elaboración de evaluación de necesidades y Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN)

Dobles y triples afectaciones y necesidades en salud de la población refugiada y migrante venezolana

Las afectaciones relacionadas con desplazamiento forzado, narcotráfico, conflicto armado, desastres naturales y en general, las dificultades socioeconómicas que tiene el departamento de Putumayo, ubica a la población refugiada y migrante venezolana en escenarios de doble y triple afectación, ya que esta población no solo debe enfrentar los obstáculos per se de ser refugiada y migrante sino que se han visto también afectadas directa o indirectamente por avalanchas, desplazamiento forzado y acceso limitado a servicios públicos, lo que a su vez pone en riesgo su salud.

La población migrante venezolana que cuenta con Permiso Especial de Permanencia en Putumayo es de 1.221, fecha de corte 31 de agosto 2021. Fecha de consulta diciembre 2021.Migración Colombia. Fecha Consulta diciembre del 2021.  Consultado aquí 

Según Migración Colombia a octubre del 2021, 6899 personas refugiadas y migrantes venezolanas cuentan con un pre registro del ETPV en el departamento del Putumayo, de los cuales el 51% corresponden a mujeres y el 49% a hombres. La mayoría (34%) de los registrados se encuentran en un rango de edad entre los 18 y 29 años. Fecha de consulta diciembre 2021. Consultado aquí 

Desastres naturales y salud mental

Mocoa es una zona de alto riesgo de desastres naturales y se ha percibido, desde las instituciones, que este contexto pone en riesgo la salud mental de la población en general, incluída la población refugiada y migrante venezolana, debido a la ansiedad o incertidumbre generada por el riesgo constante de ser víctima de una avalancha o desastre natural.

 En el año 2021 hasta el mes de septiembre, se habían atendido a 28 personas refugiadas y migrantes por trastornos mentales y del comportamiento en el departamento de Putumayo. Según datos del cubo 029 en SISPRO (consulta diciembre 2021).  Consultado aquí 

Población indígena colombiana retornada

Las personas referentes en temas relacionados con población indígena, indicaron que en el alto putumayo hay población indigena Inga que hace algunos años salieron del país hacia Venezuela y ante la crisis de este país, volvieron a Colombia con hijos e hijas de nacionalidad venezolana. Según lo reportado por los actores clave entrevistados, esta población se concentra especialmente en el alto Putumayo, y actualmente presenta problemas de acceso a salud por estar en zonas dispersas de difícil acceso y falta de aseguramiento, adicional a ello, en el departamento aún no hay una atención con enfoque diferencial para esta población.

Recursos limitados para atender a la población y necesidades de asistencia técnica

Los actores clave entrevistados indicaron que estiman la presencia de más de 1200 personas migrantes en el departamento y el Estado les sigue asignando los mismos recursos sin tener en cuenta el aumento de su población. Esto, hace que la limitada capacidad instalada en salud del departamento, se vea desbordada y sea insuficiente para atender a esta población. Resaltaron que se busca cerrar estas brechas en salud con la realización de brigadas enfocadas en la población refugiada y migrante venezolana, sin embargo esto no es suficiente y se necesita poder contar con la oferta de Migración Colombia o un GIFMM local.

Desde la Secretaría de Salud de Mocoa se hizo un llamado para que se fortalezcan, desde el nivel nacional, los temas relacionados con la población refugiada y migrante venezolana en la institución, lo relacionado con marcos normativos y cómo se pagan las atenciones a esta población:

“(...) en cuanto a temas de capacitaciones estamos débiles y necesitamos bastante ayuda con población migrante, conocer los marcos normativos, quién le paga al hospital por esta población, necesitamos orientación desde nivel central para saber cómo somos más eficientes y tener claras las rutas para diferentes tipos de casos…”

Funcionario de institución local

Acceso a servicios de salud

La población refugiada y migrante venezolana irregular que no está afiliada al sistema de salud continúan teniendo muchas barreras para acceder a los servicios de salud, las madres gestantes sin afiliación no pueden acceder a los controles y se les ha negado la atención a las niñas y niños:

“(...) tuvimos un caso de un menor de hijos de padres venezolanos de nacionalidad ecuatoriana de 5 meses… estaba en el hospital de Orito en estado crítico con toda la sintomatología para ser un COVID, pero era una enfermedad respiratoria avanzada… y el menor no era recibido por ninguna institución del departamento, la excusa era que no tenían gases arteriales… finalmente el bebe debió ser llevado a Ecuador para poder ser atendido (...)”

Profesional humanitario

“(...) las personas refugiadas y migrantes venezolanas sin aseguramiento no gozan de servicios para enfermedades crónicas, personas con diabetes, con hipertensión, enfermedades terminales, VIH, no tienen acceso…”

Profesional humanitario

Para los casos de controles prenatales se resaltó que solo el Hospital de Orito y el Hospital Pio XII de Colon son las entidades que realizan controles prenatales a las personas no aseguradas.

El Departamento de Putumayo tiene 78 personas refugiadas y migrantes venezolanas con PEP, afiliados al SGSSS en régimen contributivo y 559 en régimen subsidiado. Fuente:  Consulta CU Estadísticas Afiliados a Salud, con corte a septiembre del 2021. Consultado aquí 

Entre el 2018 y septiembre de 2021 se atendieron 2.043 personas refugiadas y migrantes venezolanas no afiliadas al SGSSS.  Según datos del cubo 029 en SISPRO. Fecha de consulta diciembre 2021. Consultado aquí 

Según datos del cubo 029 en SISPRO (consulta diciembre 2021), el total de personas refugiadas y migrantes venezolanas atendidas en salud de 2018 a 2021 en Putumayo fue de 9.457 personas. (Putumayo: atenciones 2018: 741, 2019: 2.522, 2020: 3.297, hasta septiembre del 2021: 2.897).

 Consultado aquí  

La población refugiada y migrante venezolana atendida por urgencias en el departamento de Putumayo en 2019 fue de 936, en 2020 se atendieron 972 personas y hasta septiembre del 2021 se habían atendido 923 personas. Según datos del cubo 029 en SISPRO a consulta de diciembre del 2021.  Consultado aquí   

En 2021 (septiembre) se han atendido a 216 personas refugiadas y migrantes venezolanas por diagnóstico de embarazo, parto y puerperio en el departamento de Putumayo. Según datos del cubo 029 en SISPRO. Fecha de consulta: diciembre 2021. Consultado aquí   

En 2021 (septiembre) se han atendido a 533 refugiados y migrantes venezolanas para anticoncepción en el departamento de Putumayo. Según datos del cubo 029 en SISPRO. Fecha de consulta: diciembre 2021. Consultado aquí   

En 2021 (septiembre) se han atendido a 72 personas refugiadas y migrantes venezolanas con enfermedades crónicas no transmisibles en Putumayo. Según datos del cubo 029 en SISPRO. Fecha de consulta: diciembre 2021.

Consultado aquí    

En 2021 (septiembre) se han atendido a 8 personas refugiadas y migrantes venezolanas con infecciones de transmisión predominantemente sexual en Putumayo. Según datos del cubo 029 en SISPRO. Fecha de consulta: diciembre 2021. Consultado aquí    

principales diagnósticos por los que han sido atendidas las personas refugiadas y migrantes venezolanas en Putumayo en 2021

Fuente: (Datos a septiembre del 2021, cubo 029 SISPRO. Fecha de consulta diciembre 2021.